La norma fue instrumentada con la intención de resolver los problemas de los deudores hipotecarios poniendo nuevas condiciones a bancos y cajas con la finalidad de evitar desahucios.
El pasado 15 de mayo entró en vigor la ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La nueva Ley Hipotecaria fue pensada para intentar resolver los problemas de los deudores hipotecarios e instaurar nuevas condiciones tanto para los bancos y cajas de ahorros como para sus clientes que tienen contratados créditos y que por la falta de recursos ya no podían asegurar el pago acordado para disfrutar de la posesión del bien mobiliario.
Impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy, la nueva norma no incorporó la dación en pago universal y retroactiva, tal y como era reclamado con actos y protestas en la calle y ante domicilios de cargos públicos del Partido Popular para que se incorporara en la ley la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) avalada por millón y medio de ciudadanos, aunque si, incluyó, la suspensión durante dos años de los desahucios en los que los afectados cumplan condiciones de vulnerabilidad.
Señalando entre ellos, que los ingresos de los miembros de la unidad familiar no superen la cantidad de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), el equivalente a 19.000 euros anuales.
La ley incluyó también quitas del 35% para los deudores que liquiden sus cuotas en un plazo de cinco años y si lo hacen en 10 años una quita del 20%.
La norma fue también adaptada a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE, por la que se faculta a los jueces a detener una ejecución hipotecaria cuando detecten cláusulas abusivas, y amplía de uno a tres los impagos a partir de los cuales el banco podrá iniciar el proceso de ejecución.
Con está nueva norma se reforma la antigua en lo que podemos decir que se trata de la primera gran reforma de esta ley desde la recuperación de la democracia dejando de lado algunas cuestiones en teoría a nuevas legislaciones, centrándose más en la modificación de los supuestos de vulnerabilidad que lleven a paralizar un desahucio y por otro lado la obligación de los bancos a reestructurar la deuda con sus clientes.
